Reclutamiento y desplazamiento forzosos aterran a habitantes de barrios periféricos de Tuluá

Familias testifican que han tenido que irse a otras ciudades, para escapar de los grupos armados que reclutan a sus hijos.

Un soldado custodia el Palacio de Justicia en Tuluá, departamento del Valle del Cauca, luego de que fuera incendiado durante las protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque.

La Santa Cruz es uno de los barrios de Tuluá donde los grupos armados ilegales y las bandas criminales controlan todo lo que pasa.  

En sus calles, el silencio producido por el miedo y la necesidad se hace cómplice de delitos como el microtráfico y el reclutamiento de jóvenes.  

Un lugar de casas a medio construir, que colindan con viviendas improvisadas, hechas de caña brava, plástico y tablas donde se presentan casos como el de esta madre, quien pidió que la llamáramos María y que vio cómo su familia se hacía pedazos, solo porque a la banda de alias Porrón se le dio por reclutar a uno de sus hijos.  

“En el barrio hay bandas criminales pesadas que querían que mi hijo trabajara con ellos. Él tiene problemas con la droga y ellos querían aprovecharse de eso para obligarlo, le dieron un arma, pero a mi hijo eso no le gusta, así que prefirió escapar”, aseguró la mujer.   

Desde entonces los miembros de esa banda la persiguen: “Todo el tiempo llegaban a mi casa, nos seguían preguntaban por mi hijo. Me decían que si él se escapó es porque era un raro y que teníamos que pagar”.  

Tanto fue la presión que uno por uno, a los miembros de su casa les tocó irse, ya que para los delincuentes su hijo era un sapo. 

“Ellos decían que mi hijo los acusó con las autoridades; que por eso se fue de la zona y que era un sapo”, dijo.  

María, su madre, su otro hijo y su nuera, se fueron de La Cruz, escapando de la muerte que todos los días le tocaba la puerta.  

Un afán de supervivencia que incluso le ganó a la necesidad material, ya que, pese a su difícil situación económica, se fue dejando todo atrás.  

“Yo tenía la casa alquilada, pero igual allá tenía todo y ahí se quedó, yo no fui por nada, me ganó el miedo”, dijo.  

El de María y su hijo es solo uno de muchos casos.  

Recorriendo el sector de la Santa Cruz conocimos a Pedro, nombre solicitado por otra víctima de reclutamiento forzoso y quien desde su pequeño apartamento habló del caso de sus dos sobrinas.  

Su pequeña vivienda, que consta de dos cuartos y un planchón en el que quieren seguir construyendo, está ubicada en la parte alta de la Cruz, como también se conoce este sector.  

“Un día llegaron y les dijeron que al día siguiente pasarían por ellas, con ayuda de los vecinos logramos sacarlas en hora de la madrugada y se fueron de la ciudad. Ya es la segunda vez que son desplazadas”, dijo.  

La casa de Pedro está ubicada en la parte alta, uno de los puntos con mayor injerencia de las bandas criminales, pero también de las disidencias de las Farc, y de los exparamilitares.  Donde la pobreza y las condiciones de miseria en las que les toca vivir, hacen que muchas veces, estos jóvenes no tengan otro camino, que vincularse a estas bandas.  

Así lo explicó el líder social Ángel Eduardo Murillo representante del frente nacional Afro en Colombia.  

“Hay pobreza, hay muchas necesidades que no están siendo cubiertas y si los jóvenes ven la posibilidad de ingresar a estos grupos y ganarse más de un millón de peso, lo van a hacer, para de alguna forma suplir todas esas necesidades que el estado no ha podido”, dijo.  

Y es que, según el líder, estos grupos armados que delinquen en Tuluá parecen tener cierta predilección por reclutar a jóvenes afrodescendientes.  

“Ellos tienden a reclutar jóvenes de las comunidades negras, primero por la fortaleza y segundo por la inocencia que tienen estos jóvenes de nuestras comunidades”, explicó.  

Frente a estas denuncias, la Personería de Tuluá confirmó ‘off the record’, que se han recibido denuncias y emitido algunas alertas tempranas relacionadas a casos como estos, detrás de los que estarían las disidencias y otros grupos residuales, Sin embargo, dejan claro que, por el temor a denunciar, el subregistro de estos reclutamientos es mucho mayor a los casos conocidos.  

Pero cómo denunciar. Si tal como lo dice María, alias Porrón y los otros delincuentes que ya se encuentran presos, siguen mandando desde la cárcel como si esa fuera su oficina de despacho 

Por su parte, el comandante de la tercera división del Ejército General Marco Vinicio Mayorga hizo referencia a las medidas que se están tomando para prevenir este y otros delitos, por medio de un Plan de acción contra los grupos residuales que afecta orden público en Tuluá, Sevilla y San Pedro.